hackeando una web
La Audiencia de Valladolid ha condenado al acusado de obtener datos personales hackeando una web de coches a dos años y seis meses de prisión. El tribunal le considera responsable de un delito de estafa informática en concurso con otro de falsedad de documento mercantil y le impone además una multa de ocho meses con una cuota diaria de ocho euros y otros 55.875,6 euros más los intereses correspondientes en indemnizaciones.
Los hechos declarados probados son los siguientes: el denunciante llegó a un acuerdo con el personal de ‘Hibrid Car SA’ para la compraventa de un vehículo Toyota Corolla nuevo por 28.020,71 euros entregando 800 euros en concepto de reserva. Para hacer el contrato el comprador había facilitado sus datos personales como DNI, dirección, teléfono móvil y las dos últimas nóminas de su trabajo, de carácter fijo.
El acusado junto con otra persona entonces menor de edad -ajena al presente procedimiento-, con ánimo de ilícito beneficio, accedieron al sistema informático de Toyota mediante un ardid informático denominado ‘Redline’ con el objeto de ‘infectar’ el sistema hackeando una web. Con los datos del comprador en su poder solicitó a dos financieras sendos préstamos de 26.000 euros cada uno a nombre del perjudicado, pero modificando la cuenta bancaria para la recepción del efectivo.
La Audiencia explica que existen “elementos probatorios suficientes” para considerar “con la necesaria certeza” que el acusado resulta ser autor de un delito de estafa informática al acceder concertadamente con otra persona a la base de datos de Toyota para extraer, al menos, los datos personales del comprador y solicitar dos préstamos. “Y no se considera concurrente en el caso la continuidad delictiva en la estafa informática, pero sí la unidad natural de acción en la referida falsedad documental, pues se elaboraron sendos documentos mercantiles en una falsificación sucesiva de aludidos y dos documentos, como fue el caso, en un lapso temporal de algo más de una hora”, concluye.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Castilla y León.
