El Tribunal Supremo ha confirmado hoy el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, en una decisión sin precedentes en la historia judicial española. La Sala de lo Penal, en su sección de Apelación, ha rechazado los recursos de la Fiscalía y del propio García Ortiz, abriendo así la puerta a su enjuiciamiento por la filtración de un correo confidencial vinculado a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué se le imputa?
Según el auto, García Ortiz habría utilizado comunicaciones reservadas entre un abogado y su cliente para confeccionar una nota de prensa institucional, violando el deber de reserva y la protección de las comunicaciones confidenciales. El escrito en cuestión pertenecía al letrado de Alberto González Amador, pareja sentimental de Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal.
El Tribunal considera que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para que el Fiscal General se siente en el banquillo. La votación del tribunal fue mayoritaria (dos votos a favor y uno en contra), y se subraya que el proceso debe continuar para que las partes puedan formular acusaciones concretas.
Pilar Rodríguez, exonerada
En el mismo procedimiento, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, ha sido desvinculada de la causa. La Sala considera que su participación no reviste los elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra ella.
Dimisión descartada… por ahora
Pese a la gravedad de la situación, García Ortiz no contempla dimitir, al menos de momento. Ha manifestado que respetará el curso judicial y confía en su plena absolución. Por su parte, el Gobierno mantiene su respaldo institucional, calificando el procesamiento como parte del normal desarrollo de un proceso judicial con garantías.
Desde el Partido Popular y otras formaciones de la oposición, en cambio, se exige su cese inmediato. Alegan que una persona procesada no puede ejercer el liderazgo del Ministerio Fiscal ni garantizar la imparcialidad necesaria para el ejercicio de la acción penal.
¿Qué pasará ahora?
Con esta decisión firme, el procedimiento se encamina hacia la fase de apertura de juicio oral. Si las acusaciones particulares (como las ejercidas por asociaciones de juristas o sindicatos policiales) deciden formular acusación, García Ortiz podría enfrentarse a penas de prisión de hasta seis años, según establece el Código Penal para este tipo de delitos.
El calendario judicial prevé que el juicio podría celebrarse antes de finalizar el año. De producirse una condena, podría suponer la inhabilitación del fiscal general y su salida forzosa del cargo.
