El delito de revelación de secretos ha pasado en pocos días de ser una figura legal apenas conocida por la opinión pública a situarse en el centro del debate jurídico e institucional en España. El motivo: la confirmación por parte del Tribunal Supremo del procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente haber difundido sin autorización el contenido de un correo confidencial entre un abogado y su cliente.
Según el auto del Supremo, García Ortiz habría empleado esta comunicación, obtenida en el marco de una causa penal abierta contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, para confeccionar una nota oficial difundida por la Fiscalía General del Estado. El alto tribunal considera que hay indicios suficientes para atribuirle un posible delito de revelación de secretos cometido por autoridad pública, previsto en el artículo 198 del Código Penal.
Este tipo penal sanciona a la autoridad o funcionario que revele secretos conocidos por razón de su cargo, con penas de prisión de hasta seis años. A diferencia de otras formas de revelación de secretos, el precepto contempla una agravación de la pena en atención a la mayor responsabilidad institucional del autor.
En este caso, la conducta que se atribuye a García Ortiz consiste no en el acceso ilícito a la información, sino en su difusión pública sin autorización y con un claro contenido identificable, lo que habría vulnerado el derecho a la confidencialidad de la defensa.
La jurisprudencia española ha insistido en que la revelación de secretos no exige necesariamente la existencia de un perjuicio económico, sino la vulneración de una expectativa razonable de confidencialidad. Es decir, que la información difundida debía estar protegida por el deber de secreto y no podía ser divulgada sin consentimiento del afectado.
La decisión del Tribunal Supremo de mantener el procesamiento ha reabierto el debate sobre los límites del uso institucional de la información en poder del Ministerio Fiscal, especialmente cuando su difusión puede tener implicaciones políticas. El hecho de que sea el máximo responsable del Ministerio Público quien se siente en el banquillo por este delito añade una dimensión institucional inédita en democracia.
La causa sigue su curso, y si se llega a juicio, García Ortiz se enfrentará a una petición de pena que podría suponer no solo su inhabilitación, sino también una condena penal con repercusiones personales e institucionales. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general, y este ha descartado dimitir, apelando a su derecho a defenderse en sede judicial.
