Dieciocho mil millones de dólares. Esa es la cifra que Meta ha aceptado desembolsar para cerrar el frente judicial que 29 fiscales generales de Estados Unidos le habían abierto por diseñar Facebook e Instagram de forma deliberadamente adictiva para menores. El acuerdo, alcanzado esta semana en pleno juicio federal en Oakland (California), llega justo antes de que la compañía tuviera que sentarse a defender, ante un jurado, por qué el «scroll infinito» y las notificaciones push nunca fueron un accidente de diseño.
Pagar sin admitir nada
La mecánica del acuerdo merece un párrafo aparte, porque revela más que la propia cifra. De los 18.000 millones, en torno a 12.700 millones se repartirán entre los estados demandantes en cuotas anuales durante diez años. El resto, unos 5.300 millones, solo se activará si YouTube y TikTok aceptan medidas parecidas a las que ahora se impone la propia Meta: límites de conexión diarios, bloqueos nocturnos y supervisión de un auditor externo durante cinco años. Es decir, Meta ha diseñado su propia condena para que dependa, en parte, de que sus competidores caigan con ella.
Y aquí está la pieza que de verdad importa: la empresa rechaza haber actuado de forma ilícita. No hay admisión de culpa, solo un cheque. Zuckerberg paga para no tener que explicar delante de un jurado, con documentos internos sobre la mesa, cómo funcionaban internamente el autoplay de vídeos o las «rachas» de Instagram diseñadas para no soltar al usuario adolescente. Es la fórmula habitual del gran litigio corporativo estadounidense: comprar el silencio judicial antes de que un tribunal convierta las pruebas internas en un documento público que cualquiera pueda citar durante los próximos veinte años.
Una multa que no duele
Puesta en perspectiva, la cifra es menos contundente de lo que suena. Meta ganó el año pasado unos 60.000 millones de dólares limpios, con ingresos de 201.000 millones, casi todos de publicidad. Los pagos anuales del acuerdo —repartidos en una década— equivalen, según ha calculado el Center for Digital Democracy, a unos diez días de beneficio anual de la compañía. No es una sanción que reoriente un modelo de negocio; es un peaje.
El acuerdo llega, además, después de que Meta ya perdiera este año dos batallas parecidas: un juez de Nuevo México le ordenó pagar cerca de 1.000 millones de dólares por constituir una «molestia pública» para los menores del estado, y en Los Ángeles un jurado responsabilizó tanto a Meta como a Google por diseñar aplicaciones concebidas para generar dependencia. Meta recurre ambos fallos, así que el mensaje de fondo no es «hemos entendido el problema», sino «hemos hecho cuentas y sale más barato pactar que perder ante un jurado con las pruebas ya sobre la mesa».
Lo llamativo es lo poco que ha cambiado el discurso público de la compañía en todo este proceso: sigue insistiendo en que los ingresos que genera con usuarios adolescentes son «limitados», como si esa fuera la variable relevante en un caso sobre diseño adictivo y salud mental infantil, y no la magnitud del daño causado. Cuando una empresa de 200.000 millones de ingresos anuales presenta como atenuante que «no gana tanto con los niños», conviene fijarse en qué parte de la frase está calculada para la prensa y cuál para el balance.
El acuerdo todavía necesita aprobación judicial. Cuando llegue, probablemente se presentará como una victoria para la protección infantil. Merece la pena recordar que ninguna de las medidas anunciadas —límites de tiempo, bloqueo nocturno, auditorías— ha llegado por convicción de la empresa, sino porque salía más rentable aceptarlas que defender en un tribunal, documento por documento, por qué se diseñó así.
