UGT Asturias
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha ratificado la condena al sindicato UGT Asturias, varios de sus extrabajadores y a parte de su antigua cúpula al mantener que se ha probado la «actuación fraudulenta» del sindicato y de la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). De este modo, avala la sentencia dictada a finales de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo contra los seis acusados, entre ellos, el ex secretario general de UGT Asturias Justo Rodríguez Braga, a penas que van entre los 18 meses y los tres años y ocho meses de cárcel. Además, castiga al propio sindicato con una multa de 122.028 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. En conjunto, se les condena a pagar multas que superan los 3,6 millones de euros y a indemnizar al Principado por los daños causados con más de 938.000. El fallo solo estima parcialmente el recurso de una de las condenadas.
Contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ratifica las condenas contra el exsecretario general y el exsecretario de Formación de UGT, a los que se condena a dos años y diez meses de prisión. Se les considera cooperadores necesarios en un delito de fraude por la subvención concedida a IFES en 2011 y coautores de otros dos delitos de fraude por las subvenciones concedidas a UGT en 2011 y 2012. Por todo ello se les imponen multas que suman casi 586. 550 euros para cada uno. Las penas más altas son, sin embargo, para la exsecretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur, condenada como cooperante necesaria a tres años y ocho meses de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones por las concedidas al IFES en 2010 y 2011 y coautora de otros dos por las de UGT de 2011 y 2012. En su caso las multas alcanzan los 786.550 euros.
También está condenada la administradora única de Localmur y Formación 2020. La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora confirmada, le asignó multas de 490.000 euros y dos años y medio de prisión como coautora de dos delitos por las subvenciones del IFES en 2010 y 2011 y cómplice por las de UGT en 2012. Tras aceptar parcialmente su recurso, la Audiencia Provincial le rebaja ligeramente esta pena.
El técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT, y la encargada de lo mismo en IFES, a los que se cataloga como cómplices en las subvenciones al IFES de 2011 y a UGT de 2011 y 2012, han visto refrendad su condena cada uno de 18 meses de prisión y 353.365 euros de multa. A todo ello hay que añadir cuantiosas indemnizaciones al Principado.
La sentencia de 2021 y que ahora ratifica la Audiencia Provincial considera probado que, en una actuación concertada, había un desvío de fondos públicos que recibían UGT y el IFES –fundación creada por el sindicato nacional para impartir la formación– como subvenciones para realizar cursos de formación y que esto les permitió obtener beneficios económicos que «revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas». Para ello, señala, se servían de «diversos subterfugios con los que lograban el enmascaramiento de los costes reales de ejecución», un entramado defraudatorio en el que intervenían también Localmur, Formación 2020 e Infastur, las tres controladas por UGT e IFES. Según los hechos probados, con todo ello incrementaban «ficticiamente» el precio de los locales y equipos respecto al mercado, con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. Además, también considera probado que se incluían en la justificación de los costes gastos de personal laboral de UGT que no tenía relación con las actividades formativas.
