La decisión del Gobierno central de impugnar el acuerdo alcanzado entre PP y VOX en el Ayuntamiento de Jumilla, que regula el uso de los polideportivos municipales exclusivamente para fines deportivos y eventos autorizados por el consistorio, es otro ejemplo más de cómo Moncloa quiere distraer a la opinión pública sobre los casos de corrupción que le acosan.
Un acuerdo legítimo y de sentido común
El consistorio jumillano, en pleno ejercicio de su autonomía municipal reconocida por la Constitución y la Ley de Bases del Régimen Local, aprobó una norma clara: los polideportivos son para practicar deporte o para actividades expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.
Esto no prohíbe a nadie reunirse o practicar su culto; simplemente ordena el uso de instalaciones públicas destinadas y mantenidas para el deporte, evitando así conflictos de uso, deterioro de infraestructuras y politización de espacios comunes.
El Gobierno, juez y parte
El Ministerio de Política Territorial ha decidido intervenir alegando una supuesta vulneración de la libertad religiosa, a pesar de que el acuerdo no menciona religión alguna ni prohíbe a nadie practicarla en espacios privados o habilitados para ello.
Se trata, en la práctica, de una interpretación política más que jurídica, donde el Ejecutivo actúa como juez y parte para beneficiar a un colectivo concreto y dar una lección política a gobiernos locales que no comulgan con su ideología.
La doble vara de medir
Resulta llamativo que el Gobierno se movilice con urgencia para tumbar un acuerdo que no vulnera derechos fundamentales, mientras ignora o incluso ampara otras decisiones municipales claramente sectarias que, en otros lugares de España, discriminan a vecinos por su ideología, lengua o forma de pensar.
Este caso vuelve a evidenciar la doble vara de medir de un Ejecutivo que invoca la Constitución solo cuando le conviene, pero la esquiva cuando los principios de igualdad o neutralidad ideológica no sirven a su causa.
Lo que pasa en Jumilla es una advertencia: si tu ayuntamiento aprueba algo que contradiga la línea marcada por Moncloa, prepárate para que el BOE y la maquinaria jurídica del Estado caigan sobre ti. Esto no es defensa de derechos, es control político.
