La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la condena a la Conselleria de Sanidad por el contagio de una médica de familia que enfermó gravemente de Covid-19 en 2020 mientras desempeñaba su labor asistencial en un centro de salud de Sagunto. La Administración autonómica deberá indemnizar a la facultativa con 29.939 euros en concepto de daños y perjuicios.
Una infección laboral con graves consecuencias
La doctora, especialista en medicina familiar, atendía a todo tipo de pacientes, incluidos enfermos con patologías respiratorias agudas. El 16 de marzo de 2020 dio positivo en una prueba PCR de SARS-CoV-2. Cuatro días después, debido al rápido empeoramiento de su estado, ingresó en un hospital, donde permaneció más de un mes: cuatro días en la Unidad de Reanimación y otros 28 en la UCI, diagnosticada de neumonía bilateral.
Inicialmente se le reconoció una baja por enfermedad común, pero la médica recurrió la calificación. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) determinó que la incapacidad temporal derivaba de una contingencia profesional.
Falta de medidas de seguridad en el centro sanitario
Posteriormente, la Inspección de Trabajo propuso sancionar a la Generalitat por falta de medidas de seguridad y salud laboral. La Dirección Provincial del INSS declaró la existencia de responsabilidad empresarial en el accidente sufrido por la facultativa, imponiendo un recargo del 30% en las prestaciones económicas. Esta resolución no fue recurrida y adquirió firmeza.
Ratificación judicial
El Juzgado de lo Social nº 13 de Valencia estimó la demanda de la médica, al considerar que la declaración administrativa de responsabilidad debía extenderse al daño personal concreto sufrido: tanto el largo periodo de incapacidad temporal como las secuelas derivadas de la infección.
La Administración autonómica recurrió la sentencia, pero el TSJCV ha confirmado íntegramente el fallo. Los magistrados entienden que la relación de causalidad reconocida por la Inspección de Trabajo debe proyectarse también en el ámbito de la responsabilidad civil.
En su resolución, la Sala subraya que el contagio del virus “tuvo su origen en el trabajo de la demandante” y que las secuelas sufridas son consecuencia directa de la falta de medidas de seguridad laboral.
Una sentencia ya firme
La decisión del TSJCV desestima el recurso de suplicación interpuesto por la Conselleria de Sanidad, lo que convierte la condena en firme. La Generalitat deberá abonar a la médica de familia una indemnización de 29.939 euros por los daños ocasionados.
