Los tres miembros de Podemos interceptados en la flotilla hacia Gaza han decidido no regresar a España. Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez permanecen detenidos en Israel después de negarse a firmar los documentos de deportación que permitirían su repatriación. Los tres sostienen que hacerlo equivaldría a reconocer una entrada ilegal en territorio israelí, algo que rechazan de forma categórica.
Las autoridades israelíes insisten en que los activistas fueron interceptados en una zona marítima bajo control del Estado y que su detención se ajusta plenamente a la ley. La versión de los detenidos es radicalmente distinta: aseguran que navegaban en aguas internacionales con un fin humanitario y califican su captura como un secuestro. Mientras las dos narrativas se enfrentan, el caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión diplomática entre Madrid y Tel Aviv.
Israel niega cualquier tipo de maltrato
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha negado de forma tajante las acusaciones de malos tratos difundidas por Podemos y por varias organizaciones afines. En un comunicado reproducido por medios como Haaretz y Reuters, el Gobierno israelí afirma que los activistas “han sido tratados con respeto y conforme a la ley”, recibiendo alimentación, agua, atención médica y acceso consular.
Portavoces del Servicio Penitenciario israelí han añadido que no existe ninguna denuncia formal presentada por los propios detenidos y que todos los internos “reciben un trato adecuado conforme a los estándares internacionales”. También desmintieron que los documentos de deportación se hubieran presentado únicamente en hebreo o bajo coacción. Según esas fuentes, las traducciones se facilitan en inglés o con intérpretes, y la firma es siempre voluntaria.
Una de las diputadas inicia una huelga de hambre
Una de las detenidas, Alejandra Martínez, ha iniciado una huelga de hambre en protesta por su detención y como denuncia de la situación humanitaria en Gaza. Desde Israel, las autoridades penitenciarias reconocen que algunos activistas han rechazado alimentos temporalmente, pero niegan que exista una huelga de hambre formal registrada en las prisiones.
Aseguran que todos los internos son evaluados médicamente de manera regular y que se garantiza su atención sanitaria. “Israel garantiza la salud y la seguridad de todos los presos, incluso de quienes eligen no comer por razones ideológicas o políticas”, explicó un portavoz del Servicio Penitenciario israelí.
Tel Aviv califica la flotilla como una provocación política
El Gobierno israelí considera que la actuación de la flotilla fue una provocación política destinada a debilitar la soberanía del Estado y a respaldar indirectamente a Hamas. Según fuentes oficiales, los activistas eran plenamente conscientes de que serían interceptados y su propósito principal no era entregar ayuda humanitaria, sino generar un incidente mediático internacional contra Israel.
Las autoridades afirman que más de ciento setenta activistas extranjeros, entre ellos la sueca Greta Thunberg, ya han sido deportados tras firmar voluntariamente sus documentos de salida. Solo un pequeño grupo, entre el que se encuentran los tres diputados de Podemos, permanece en prisión al negarse a hacerlo.
España pide explicaciones y mantiene contacto consular
El Gobierno español ha solicitado la liberación inmediata de sus ciudadanos y ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en Madrid para pedir explicaciones. Desde Tel Aviv se subraya que la cooperación consular con España ha sido completa y que los detenidos gozan de todas las garantías previstas por la legislación israelí e internacional.
Israel insiste en que la flotilla violó la zona de exclusión marítima establecida para impedir el contrabando de armas hacia Gaza, y que el abordaje naval fue una operación de seguridad legítima.
Dos visiones irreconciliables
Por el momento, los tres diputados continúan recluidos en el centro penitenciario de Ketziot, en el desierto del Negev, a la espera de que acepten la deportación o de que los tribunales israelíes decidan su futuro. La negativa a regresar y la huelga de hambre mantienen viva una controversia que enfrenta dos visiones irreconciliables: la de Israel, que defiende su derecho a proteger sus fronteras, y la de los activistas, que se presentan como víctimas de una detención arbitraria en aguas internacionales.
