Centro de Acogida de Menores
La jueza del juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud dictó, el pasado lunes a petición del Ministerio Fiscal, libertad provisional para el director del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza), Iván R. M. petición secundada por algunas de las defensas personadas en el proceso.
Iván R. M., fue detenido el 1 de agosto de 2024 junto a cuatro trabajadores del Centro de Acogida de Menores (dos educadores y dos auxiliares) por su presunta implicación en varios delitos graves contra menores residentes. Estos delitos incluyen torturas, lesiones, agresiones sexuales, contra la integridad moral, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. El 2 de agosto de 2024, la jueza del Juzgado de Instrucción nº2 de Calatayud, Aida Ramírez, decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco detenidos tras tomarles declaración, y ordenó el cierre provisional del centro hasta esclarecer los hechos.
La investigación comenzó tras las denuncias de dos menores, de 16 y 17 años, que relataron haber sufrido maltratos físicos y psicológicos continuados, incluyendo castigos como permanecer de pie con los brazos en alto durante horas, privación de alimento, quemaduras con cigarrillos y comentarios sexuales, entre otros. Los menores señalaron que el director era consciente de estas prácticas y mostró una actitud de despreocupación, incluso solicitando a un empleado sanitario un informe falso para ocultar lesiones. La jueza lo considera cooperador necesario en los delitos, destacando su incumplimiento como garante del bienestar de los menores.
En el auto dictado el lunes, la jueza exige a Iván R. M. el pago de 3.000 euros en concepto de fianza, establece la obligatoriedad de que comparezca dos veces al mes en el juzgado, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país. Después de ocho meses en prisión provisional, y ante la petición hecha por el Ministerio Público, la jueza ha considerado que se han practicado las diligencias suficientes como para que su libertad no suponga un peligro para la investigación judicial y que no existe riesgo de fuga por parte del investigado.
La investigación sigue abierta.
