La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que suponen un espaldarazo judicial a la exaltación institucional de dos figuras históricas profundamente controvertidas del socialismo español: Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Con esta decisión, el alto tribunal desestima los recursos presentados por VOX y por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, avalando así que el Ayuntamiento de Madrid mantenga calles y homenajes dedicados a ambos líderes del PSOE, a pesar de sus vínculos con episodios dramáticos de la historia española del siglo XX.
La decisión del Supremo supone un respaldo a los pronunciamientos anteriores del TSJ de Madrid, que a su vez ratificaron las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la capital, estimando los recursos promovidos por el sindicato UGT y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así, se mantendrán la Avenida de Largo Caballero, el Bulevar de Indalecio Prieto, la placa dedicada al primero en la plaza de Chamberí y las estatuas erigidas en su memoria en el complejo de Nuevos Ministerios.
La decisión, enmarcada en la aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, obvia deliberadamente el pasado autoritario y sectario de ambos personajes. Largo Caballero, ministro en gobiernos republicanos y apodado por algunos como el “Lenin español”, no solo legitimó el uso de la violencia política, sino que alentó la confrontación civil en los años previos a la Guerra. En cuanto a Prieto, su participación en la radicalización del PSOE y en el proceso de militarización de la política republicana está ampliamente documentada. A pesar de ello, los tribunales optan por consolidar su presencia en el callejero madrileño bajo la excusa de que fueron víctimas del franquismo.
La interpretación de la Ley de Memoria Histórica que realiza el Supremo parece unilateral y parcial: se blinda institucionalmente a dirigentes cuya responsabilidad política en el colapso democrático de 1936 está más que acreditada.
Para VOX y otras entidades defensoras de una memoria equilibrada y no sectaria, la decisión del Supremo supone una consolidación del revisionismo impulsado por la izquierda, que instrumentaliza la historia reciente para imponer una narrativa oficial y excluyente.
La paradoja es evidente: mientras se purga del espacio público cualquier vestigio del régimen franquista, se preservan e incluso ensalzan a quienes contribuyeron activamente a la quiebra del sistema democrático republicano, abrieron las puertas al conflicto civil y justificaron la violencia política como herramienta revolucionaria. El Supremo, con estas sentencias, no solo avala esa visión, sino que la consagra como doctrina.
