El TSJN ratifica la condena de la Audiencia Provincial por un delito de apropiación indebida tras hacer un uso fraudulento de la tarjeta bancaria de la víctima.
Pamplona (Navarra) – La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado la pena de 2 años de prisión impuesta el pasado mes de junio por la Audiencia Provincial a una mujer que se apropió de una cantidad cercana a los 60.000 euros (finalmente fijada en 55.929,82 euros) que pertenecían a una amiga.
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, confirma que la acusada se prevalió de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba convaleciente, incapacitada para caminar y salir de su domicilio. En este contexto, la perjudicada le había confiado una de sus tarjetas bancarias.
Los hechos se extendieron desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024. Durante ese periodo, la procesada hizo un uso indebido de la tarjeta, realizando extracciones, jugando en salas de juego y llegando a ejecutar 63 transferencias a su propia cuenta. La situación salió a la luz cuando la víctima acudió a su banco y descubrió que el saldo de su cuenta era de tan solo 3,86 euros, a pesar de que ella únicamente había autorizado dos transferencias y algunas pequeñas compras.
La Audiencia Provincial condenó a la acusada por un delito de apropiación indebida, con la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica, a la pena de 2 años de prisión y 2.400 euros de multa, además de una indemnización de 56.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
La defensa de la condenada apeló ante el TSJN solicitando la absolución. Sin embargo, el Tribunal Superior ha desestimado el recurso, concluyendo que la utilización de la tarjeta y la cuenta por parte de la acusada para su propio beneficio «queda acreditado». El TSJN tan solo ha modificado levemente la cifra detraída indebidamente, reduciéndola en 70,18 euros tras el cálculo de un gasto.
El Tribunal Superior de Justicia ha avalado el relato fáctico de la instancia, basándose en la declaración «creíble y mantenida» de la denunciante y en la investigación policial que corroboró los movimientos bancarios fraudulentos y las operaciones sospechosas en salas de juego. La Sala concluye de forma tajante que la denunciante no fue conocedora ni autorizó las operaciones bancarias, sino que la procesada «se apropió de la totalidad del dinero» aprovechando la
