La alteración de un cheque destinado a pagar un suministro de madera ha terminado con una condena de dos años y seis meses de prisión en Navarra. La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha impuesto además una multa de 840 euros al hombre al que considera responsable de cobrar sin autorización 77.670,78 euros correspondientes a una operación entre empresas.
La sentencia, difundida por el Poder Judicial el 6 de noviembre, puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Junto a las penas, establece que el condenado deberá reintegrar la cantidad al banco que indemnizó a la empresa perjudicada. Por tanto, la obligación económica recogida en la resolución tiene ahora como destinataria a la entidad financiera.
El cheque nunca llegó a la empresa destinataria
Los hechos declarados probados se remontan a abril de 2020. Una compañía emitió y envió correctamente el cheque para satisfacer una factura de otra firma. Sin embargo, el documento no llegó a quien debía recibirlo. La Audiencia considera acreditado que el acusado consiguió hacerse con él, aunque no se ha determinado de qué manera lo obtuvo.
Según la reconstrucción judicial, el hombre modificó el beneficiario y acudió a una sucursal para cobrarlo. Para lograr la entrega del dinero se presentó como apoderado de la empresa destinataria, pese a carecer de autorización. El tribunal le atribuye tanto la manipulación del documento como su posterior presentación al cobro.
La resolución encuadra esa actuación en un delito de estafa en concurso ideal con otro de falsificación de documento mercantil cometido por un particular. La condena aborda así el engaño que permitió obtener los fondos y la alteración del instrumento empleado para realizar el pago, dos aspectos de una misma operación.
La defensa negó la participación del acusado
En el juicio, celebrado el 27 de octubre, la Fiscalía había solicitado cuatro años de prisión. La defensa pidió la absolución y cuestionó que su cliente hubiera participado. Su posición no consistió en negar que el cheque estuviera falsificado ni que se hubiera cobrado indebidamente, sino en rechazar la atribución de esos hechos al acusado.
El procesado ejerció su derecho a no declarar durante la vista. Su defensa sostuvo que la investigación se apoyaba en conjeturas y que no se había desarrollado adecuadamente. La Audiencia rechazó esa tesis y consideró probada la intervención del encausado en la obtención, modificación y cobro del cheque.
Al fijar la pena, los magistrados valoraron la gravedad de la actuación y los antecedentes penales del condenado. También apreciaron la atenuante de dilaciones indebidas. La pena finalmente impuesta resulta inferior a la que reclamaba el Ministerio Fiscal, aunque mantiene tanto la prisión como la multa y la obligación de devolver el importe.
El reintegro al banco responde a que la empresa afectada ya había sido compensada por la entidad. La resolución distingue de este modo las consecuencias penales de la recuperación del perjuicio económico. La posibilidad de recurso ante el tribunal superior sigue siendo un elemento relevante para situar el estado de la condena.
Imagen destacada: ilustración generada con inteligencia artificial. No representa el cheque ni los hechos reales del procedimiento.
Fuentes: Comunicación oficial del Poder Judicial; Europa Press.