La Fiscalía y la acusación particular han solicitado este lunes una orden europea de detención para los dos jóvenes condenados a penas de 12 y 20 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años. El suceso, ocurrió en septiembre de 2020 durante una fiesta en un paraje situado en las afueras de la localidad valenciana de L’Olleria, en la comarca de la Vall d’Albaida. Este lunes estaba programada una vistilla en la Audiencia de Valencia a las 9.15 horas, para solicitar la prisión preventiva de los acusados, tras la sentencia de culpabilidad dictada hace pocos días.
Los condenados, que enfrentan penas de 12 y 20 años de prisión, han logrado escapar de la justicia. Uno de ellos fue localizado en la frontera entre Austria y Alemania, pero no pudo ser detenido debido a la falta de medidas en el sistema Schengen que permitan la captura inmediata de personas condenadas. El otro condenado aún no ha sido encontrado y se desconoce su paradero, aunque se presume que no ha salido de España.
El abogado de la víctima, Juan Molpeceres, ha expresado su preocupación por la falta de medidas eficaces que permitan la detención rápida de los condenados en las fronteras europeas. Este vacío legal es un recordatorio de la necesidad urgente de reformar el sistema de cooperación judicial internacional, con el fin de garantizar que todos los delincuentes, sin importar su nacionalidad o ubicación, enfrenten las consecuencias de sus crímenes.
El caso subraya la importancia de reforzar las medidas de prevención, tanto en el ámbito judicial como en el social, para proteger a las víctimas de abuso sexual, especialmente a menores, y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. La solicitud de la orden europea de detención es un paso importante, pero aún queda mucho por hacer para mejorar la eficacia del sistema judicial europeo en la lucha contra este tipo de crímenes.
En definitiva, este caso revela las fallas del sistema de cooperación internacional en la detención de delincuentes. La justicia no debe detenerse ante las fronteras, y las víctimas merecen ver a los responsables de sus sufrimientos rendir cuentas, independientemente de su ubicación.
