El Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid ha rechazado la petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares para reabrir la investigación sobre las muertes de ancianos en residencias durante la primera ola del COVID-19, considerando que no existen indicios de delito de odio ni nuevos elementos que justifiquen su reapertura.
El auto considera improcedente aplicar el artículo 511 del Código Penal —relativo al delito de odio— a decisiones médicas adoptadas en un contexto de colapso sanitario. La jueza subraya que no hay indicios de que se denegara atención médica por motivos discriminatorios, ni pruebas de que se haya actuado con animadversión hacia los mayores o personas con discapacidad.
Además, el juzgado recuerda que la Fiscalía solicitó previamente el archivo de la causa en cuatro ocasiones y nunca sostuvo la existencia de delito de odio hasta ahora. La nueva calificación penal no va acompañada de ninguna prueba nueva ni testimonio que sustente su relevancia jurídica.
Con esta resolución, ya son más de 60 los autos judiciales que confirman el archivo de procedimientos penales relacionados con las muertes en residencias, reforzando la legalidad de la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. La jueza reprocha a las acusaciones el intento de impulsar una investigación genérica, sin hechos concretos, que convertiría el proceso en una causa prospectiva sin fundamento.
Cabe destacar que el Tribunal Supremo ya desestimó una denuncia similar en junio de 2024 contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, al no apreciarse conexión directa entre las decisiones políticas y los fallecimientos.
La decisión supone un nuevo respaldo judicial a la gestión autonómica durante la emergencia sanitaria y debilita los intentos de reabrir procesos sin base probatoria sólida.
