Las ayudas públicas vinculadas a la reestructuración laboral de SOS Cuétara seguirán bajo examen judicial en una de las piezas separadas del caso ERE. El instructor ha acordado que la causa continúe por los trámites del procedimiento abreviado contra cuatro personas, entre ellas Daniel Alberto Rivera, antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
El auto, fechado el 3 de noviembre y notificado a las partes el día 6, aborda la concesión y el pago de ayudas presuntamente irregulares por al menos 4.277.701,62 euros. Según la información difundida por el Poder Judicial, el magistrado aprecia posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La resolución no supone una condena ni acuerda todavía la apertura del juicio oral.
Ayudas para 34 trabajadores y dos pólizas bajo sospecha
La investigación se centra en fondos abonados entre 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Su finalidad habría sido financiar la reestructuración de la empresa y complementar la cobertura económica de antiguos empleados mediante seguros de rentas. El juez identifica una ayuda destinada al pago de indemnizaciones de 34 trabajadores afectados por el expediente 5/2003.
Una parte relevante de las diligencias se refiere a dos pólizas de las que se habría beneficiado la suegra del fallecido exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. De acuerdo con los indicios descritos por el instructor, esta mujer no estaba afectada por el expediente de regulación de empleo y tampoco mantenía una relación laboral con la empresa cuando fue incorporada al aseguramiento.
El magistrado considera que su inclusión habría respondido a ese vínculo familiar y se habría realizado con la participación de responsables de la mediadora Vitalia. Por ello, además de Rivera, el procedimiento continúa contra dos directivos de esa entidad y contra la beneficiaria investigada. Estas apreciaciones forman parte de la hipótesis judicial y deberán someterse a las garantías del proceso penal.
Veinte días para las acusaciones y archivo para dos investigados
La decisión abre un plazo común de veinte días para que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones personadas se pronuncien. Podrán solicitar la apertura de juicio oral mediante un escrito de acusación, pedir el sobreseimiento o, de manera excepcional, interesar diligencias complementarias que resulten indispensables para formular sus pretensiones.
El mismo auto acuerda el sobreseimiento provisional respecto de un representante de la empresa y un dirigente de CCOO. El juez entiende que las actuaciones no ofrecen indicios suficientemente sólidos para atribuirles una participación penalmente relevante en las disposiciones de fondos investigadas o en la incorporación de la familiar de Guerrero a las pólizas.
Aunque ambos habrían asistido a reuniones con el antiguo responsable de Trabajo, el instructor considera que las declaraciones testificales no permiten establecer con suficiente fundamento su influencia en la financiación presuntamente irregular. La resolución diferencia así entre las cuatro personas para las que continúa la causa y las dos para las que se decreta el archivo provisional.
Imagen destacada: ilustración generada con inteligencia artificial. No representa documentos ni pruebas del procedimiento.
Fuente: comunicación oficial del Poder Judicial del 6 de noviembre de 2026.