La Policía Nacional ha desalojado en la madrugada de este martes, 3 de noviembre, a los acampados que quedaban en la Puerta del Sol de Madrid, 38 días después de que se instalara la acampada, el 26 de septiembre. La operación, realizada en torno a las 03:00 horas y en coordinación con la Policía Municipal, culmina según la Delegación del Gobierno en Madrid un proceso gradual de actuación iniciado con la propia acampada.
Según fuentes policiales citadas por El Debate, unas 200 personas fueron identificadas y dos resultaron detenidas. La organización de la Acampada 26S, que reivindicaba el derecho a la vivienda, denuncia que la intervención fue violenta, que los agentes usaron gas pimienta y que hubo heridos. La Delegación del Gobierno sostiene que la actuación se desarrolló sin violencia.
Un proceso gradual hasta el desalojo
La acampada se instaló el 26 de septiembre para reclamar el derecho a la vivienda y se prolongó durante más de cinco semanas. El 7 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para disolverla, al no apreciar que la Delegación del Gobierno hubiera incurrido en inactividad.
La Delegación del Gobierno explica en su comunicado que, al principio, protegió el derecho de reunión por tener la protesta una finalidad reivindicativa común. Con el tiempo, a su juicio, las circunstancias cambiaron: se retiraron las principales organizaciones y muchas de las personas que pernoctaban en la plaza eran personas sin hogar o pertenecían a colectivos vulnerables. El organismo alude además a presuntos delitos e incidentes dentro y alrededor de la acampada, comunicados por la Jefatura Superior de Policía, que generaban riesgo para personas y bienes.
Según el relato oficial, el 26 de octubre se envió un primer escrito a los interlocutores de la protesta y el 29 de octubre un segundo requerimiento para que la desmantelaran. El 30 de octubre, los interlocutores comunicaron la disolución de las comisiones organizativas, pero un grupo permaneció en la plaza. La semana pasada, la Delegación pidió formalmente que se pusiera fin a la acampada y, ante la falta de respuesta de quienes quedaban, remitió un oficio a la Jefatura Provincial de Policía Nacional para que se restableciera la normalidad con criterios de proporcionalidad y atención a las personas vulnerables.
Dos versiones sobre la intervención policial
La Acampada 26S afirma que la actuación fue violenta, que intervinieron unidades antidisturbios y que varias personas resultaron heridas por golpes y gas pimienta. No hay una cifra oficial de heridos. Según el relato de la organización, la intervención se produjo bajo las órdenes de la Delegación del Gobierno.
La Policía rechaza las acusaciones de violencia. En su versión, el desalojo se desarrolló «muy bien y con tranquilidad, sin incidentes graves», y muchos acampados abandonaron la plaza voluntariamente. En un vídeo difundido tras los hechos se oye a participantes hablar de «anclaje con los puños», mientras otros aseguran que nadie se puso agresivo; ninguna de las dos versiones ha sido verificada.
El sindicato policial Jupol ha pedido que el desalojo no se utilice como cortina de humo. A su juicio, la actuación llega tarde y responde más a intereses políticos y a desviar la atención mediática. Según los datos disponibles, no se han anunciado por ahora investigaciones ni recursos tras el desalojo.
Fuentes: Delegación del Gobierno en Madrid, El Debate y Democrata, 3 de noviembre de 2026.

