El pequeño Nicolás
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación presentado por la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como «el Pequeño Nicolás» y ha absuelto de los delitos de usurpación de funciones y cohecho por los que fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia Nacional de Madrid por haberse hecho pasar por un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real en un viaje a la localidad gallega de Ribadeo en el año 2014.
Según la sentencia del Tribunal Supremo la comida en la que se hizo pasar por un enlace entre las dos instituciones mencionadas carecía de «contenido político o económico que no encaja en el concepto de acto oficial y se decía ostentar un cargo inexistente». Dicha conducta según el Alto Tribunal no está incardinada en el delito de usurpación de funciones públicas: «se realizó un simple acto de jactancia, atípico penalmente.»
Tampoco «el pequeño Nicolás» habría cometido un delito de cohecho pues dar una retribución a un agente de policía local para que organice un servicio de escolta ajeno a toda función pública «no es constitutivo de delito de cohecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en el ámbito administrativo». El delito de cohecho exige que el pago que se entregue al funcionario sea a cambio de que el funcionario realice un acto vinculado con su actividad profesional.
Gracias a este sentencia del Tribunal Supremo Francisco Nicolás Gómez Iglesias no tendrá que entrar en prisión, al menos por ahora. La única condena firme que tiene en su contra se refiere al caso en que falsificó un DNI para que un amigo hiciera el examen de selectividad en su nombre. Fue condenado a un año y nueve meses de prisión y al no superarse los dos años, la Audiencia Provincial de Madrid dejó en suspenso su entrada en prisión.
Gómez Iglesias tiene recurridas otras dos sentencias que por ahora no son firmes: cuatro años y tres meses de prisión y multa de 4.200 euros por haber accedido en 2014 a información «confidencial» en bases de datos policiales; y otra de tres años y cinco meses por hacerse pasar por un miembro del Gobierno en la compraventa de la finca de La Alamedilla.
